La prestación de los derechos económicos y sociales por parte de los gobiernos es considerada una obligación de medio, en el entendido de que su cumplimiento está sujeto a condiciones ambientales y de capacidad de los países. El Estado queda obligado a hacer lo razonablemente posible en lograr el cumplimiento de los mismos, de ahí que al tener que determinarse que es lo razonable, su vulneración es de difícil comprobación por la vía judicial. En ese sentido, nos atrevemos a decir que su exigibilidad es casi nula en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como es el caso de la República Dominicana.
La Constitución dominicana se refiere a la salud integral como uno de los derechos económicos y sociales que el Estado debe garantizar a todas las personas, haciendo una reserva especial para la población de menor ingreso al indicar que la asistencia médica y hospitalaria será gratuita a personas de bajo recursos.Esa cobertura a cuenta del Estado no puede materializarse sin dos principios fundamentales establecidos por el Comité de los Derechos Económicos y Sociales de la ONU, que son accesibilidad y equidad.
Si bien es cierto que posterior a la entrada en vigencia de las leyes 42-01 y 87-01 que rigen el sistema de salud dominicano, el país inicio el despliegue de las unidades de atención primaria (UNAP)a nivel nacional, es necesario acotar que si las mismas no están ubicadas en zonas estratégicas o no cuentan con personal capacitado y equipos básicos para diagnósticos de primer nivel, entonces el derecho a la salud no está siendo debidamente garantizado al no contar con los medios para su acceso y prestación eficiente.
En nuestro país los servicios de salud no son prestados en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos ya que están sujetos a condiciones geográficas y económicas que limitan el acceso o un prestación eficaz. Lo anterior se evidencia cuando personas de bajos recursos no pueden obtener un diagnóstico rápido y preciso debiendo movilizarse en la mayoría de los casos a centros regionales, incurriendo en costos de traslados exorbitantes debido a la cantidad de traslados requeridos por la manera en que funciona el método de atención y citas de los hospitales públicos. Son muchos los casos en lugares remotos y otros no tantos, donde las personas han visto su situación de salud empeorar o hasta llegar a perder la vida por falta de una atención oportuna y calificada. En situaciones como esas, el Estado esta en la obligación de responder cuando una persona ha sido lesionada por la negligencia del sistema de salud o por una implementación progresiva de mejoras que no han sido ejecutadas en plazos razonables de cara a la necesidad de cumplimiento del derecho en cuestión.
Hoy en día, el presupuesto de salud es de un 2% del PIB, porcentaje que ha sido incrementado para el 2016 con la intención de mejorar infraestructura física, construcción de Centros Clínicos de Diagnóstico y de Atención Primaria, según declaraciones del Viceministro de Hacienda (El Día - 23 de Septiembre 2015). Sin embargo, para que el Estado cumpla efectivamente con su rol, es imperativo además de mejoras en infraestructura, dotar de mayores equipos a los hospitales y UNAPs de manera que más personas puedan recibir atención médica y reducir así el número de fallecimientos en zonas rurales por no contar con diagnóstico oportuno al verse imposibilitados del acceso al servicio.
Importantes medidas deben ser consideradas para mejorar el sistema de salud actual, para citar algunas, disponer de personal médico y de apoyo con un programa de capacitación continua distribuido de manera equitativa por todo el territorio nacional. Cada hospital municipal debería contar con equipos de atención básica (laboratorios, rayos X, imágenes, etc.) que permitan desplazamientos cortos dentro de una determinada zona geográfica. El gobierno, la clase política o gremios deberían provocar avances en el uso de las tecnologías de la información aplicadas a los servicios médicos, lo que permitiría interconectar el sistema de salud a nivel nacional a través de la tele-medicina y las ventajas que esta ofrece al brindar apoyo clínico a distancia, incluyendo capacitación en línea, entre otros.
Salud es un renglón dentro del gasto público que pudiera ser revisado y correctamente aplicado. La sociedad debe empujar a eso a través de los mecanismos existentes para su exigibilidad. No hay manera de hablar de un Estado Social y de Derecho si no se garantiza la dignidad de las personas a través de la preservación de la vida misma.
La Constitución dominicana se refiere a la salud integral como uno de los derechos económicos y sociales que el Estado debe garantizar a todas las personas, haciendo una reserva especial para la población de menor ingreso al indicar que la asistencia médica y hospitalaria será gratuita a personas de bajo recursos.Esa cobertura a cuenta del Estado no puede materializarse sin dos principios fundamentales establecidos por el Comité de los Derechos Económicos y Sociales de la ONU, que son accesibilidad y equidad.
Si bien es cierto que posterior a la entrada en vigencia de las leyes 42-01 y 87-01 que rigen el sistema de salud dominicano, el país inicio el despliegue de las unidades de atención primaria (UNAP)a nivel nacional, es necesario acotar que si las mismas no están ubicadas en zonas estratégicas o no cuentan con personal capacitado y equipos básicos para diagnósticos de primer nivel, entonces el derecho a la salud no está siendo debidamente garantizado al no contar con los medios para su acceso y prestación eficiente.
En nuestro país los servicios de salud no son prestados en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos ya que están sujetos a condiciones geográficas y económicas que limitan el acceso o un prestación eficaz. Lo anterior se evidencia cuando personas de bajos recursos no pueden obtener un diagnóstico rápido y preciso debiendo movilizarse en la mayoría de los casos a centros regionales, incurriendo en costos de traslados exorbitantes debido a la cantidad de traslados requeridos por la manera en que funciona el método de atención y citas de los hospitales públicos. Son muchos los casos en lugares remotos y otros no tantos, donde las personas han visto su situación de salud empeorar o hasta llegar a perder la vida por falta de una atención oportuna y calificada. En situaciones como esas, el Estado esta en la obligación de responder cuando una persona ha sido lesionada por la negligencia del sistema de salud o por una implementación progresiva de mejoras que no han sido ejecutadas en plazos razonables de cara a la necesidad de cumplimiento del derecho en cuestión.
Hoy en día, el presupuesto de salud es de un 2% del PIB, porcentaje que ha sido incrementado para el 2016 con la intención de mejorar infraestructura física, construcción de Centros Clínicos de Diagnóstico y de Atención Primaria, según declaraciones del Viceministro de Hacienda (El Día - 23 de Septiembre 2015). Sin embargo, para que el Estado cumpla efectivamente con su rol, es imperativo además de mejoras en infraestructura, dotar de mayores equipos a los hospitales y UNAPs de manera que más personas puedan recibir atención médica y reducir así el número de fallecimientos en zonas rurales por no contar con diagnóstico oportuno al verse imposibilitados del acceso al servicio.
Importantes medidas deben ser consideradas para mejorar el sistema de salud actual, para citar algunas, disponer de personal médico y de apoyo con un programa de capacitación continua distribuido de manera equitativa por todo el territorio nacional. Cada hospital municipal debería contar con equipos de atención básica (laboratorios, rayos X, imágenes, etc.) que permitan desplazamientos cortos dentro de una determinada zona geográfica. El gobierno, la clase política o gremios deberían provocar avances en el uso de las tecnologías de la información aplicadas a los servicios médicos, lo que permitiría interconectar el sistema de salud a nivel nacional a través de la tele-medicina y las ventajas que esta ofrece al brindar apoyo clínico a distancia, incluyendo capacitación en línea, entre otros.
Salud es un renglón dentro del gasto público que pudiera ser revisado y correctamente aplicado. La sociedad debe empujar a eso a través de los mecanismos existentes para su exigibilidad. No hay manera de hablar de un Estado Social y de Derecho si no se garantiza la dignidad de las personas a través de la preservación de la vida misma.
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